Los guatemaltecos nos preparamos a participar en el séptimo proceso electoral consecutivo amparados por una misma Constitución y sin que el poder militar imponga y decida los candidatos, cuestión que dada nuestra historia política es ya un logro significativo. El evento estará regido por casi las mismas reglas que se impusieron en el ya lejano 1985 y los contendientes están, queramos o no, marcados, delimitados y condicionados por aquellos acuerdos políticos que en esa ocasión se tomaron.
Antes que nada debemos quedar claros en que la Constitución aprobada en 1985 no es más que la adecuación y adaptación de la Constitución de 1965 a las exigencias económicas y políticas conservadoras de la época, misma que no fue sino una modernización de la aberrante norma constitucional que se estableció en 1956, que rescató de la revolucionaria Carta Magna de 1945 sólo aquellos elementos que no afectaban los intereses.
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